Se suspende el juicio del presidente de la Comunidad de Torremuelle y dueño de Blankko, Kamran Motamedi, por agredir a un vecino



El juicio, previsto para el pasado viernes día 5 de mayo en el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga, contra el presidente de Torremuelle y dueño de Blankko, Kamran Motamedi, y para su hermano y dos personas más por agredir al vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Torremuelle VETO, se ha suspendido por incomparecencia de uno de los acusados al encontrarse en "paradero desconocido".


Para la Fiscalía, la agresión ocurrida en la zona pública de la Torre Vigía de Torremuelle a principios de agosto de 2013 son constitutivos de un delito de lesiones y concurren "la circunstancia de agravante de alevosía" por lo que les pide tres años de cárcel para cada uno de los acusados e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, reclama que los acusados indemnicen, conjunta y solidariamente, al agredido con 80.250 euros por las lesiones y secuelas causadas (AQUÍ).

En nuestra opinión, la incomparecencia de uno de los acusados, que ha logrado retrasar este juicio, podría ser una táctica para intentar evitar que a Motamedi se le pudiera acumular la posible condena de este caso con los dos años de prisión que le impuso el juez por tráfico de drogas en septiembre de 2015 (AQUÍ). Recordemos que para el juicio por tráfico de drogas logró aplazarlo en el último momento por "indisposición" de su abogado.

Según hemos podido saber a través de un Colegio de Abogados, con el fin de evitar fraudes en la suspensión de las vistas, el artículo 463 del Código Penal tipifica como delito de obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional algunas de estas tácticas y la pena se agrava si el responsable es abogado, procurador o fiscal.

Por lo visto, la táctica más frecuente es alegar la enfermedad del abogado, en cuyo caso existe la obligación de acreditarlo. Lo mismo sucede con la inasistencia del acusado, o incluso con la ausencia de testigos y peritos citados judicialmente, que puede dar lugar a la interrupción de la vista si el tribunal considera imprescindible su intervención. Algunos abogados consultados señalan que hay jueces que, ante sospechas de dilación, llegan a enviar al médico forense al domicilio del letrado para comprobar si realmente se encuentra enfermo.

Otro clásico es que el letrado alegue la coincidencia de señalamientos, es decir, tener dos actos procesales para el mismo día. Aunque existen normas establecidas al respecto, es la causa que da mayor cabida a la “picaresca”.

En fin, veremos qué ocurre la próxima citación.


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